12 de noviembre de 2008

Investiga la CDHE la muerte de Sergio Garcia "El Checo"

Desenreda CEDH muerte de trabajador del Poder Judicial

- Recomienda Derechos Humanos investigar a policías y a perito que actuaron negligentemente en el caso Sergio García -


Cuando se ha cumplido un año de la muerte del empleado del Poder Judicial del Estado Sergio García Romero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al procurador General de Justicia Héctor Manuel Béjar Fonseca con el fin de que se investigue y, en su caso, se proceda penalmente contra varios policías estatales y un perito legista que actuaron con negligencia al no prestar oportuna atención a García mientras estuvo detenido.

La conclusión a la que arriba el organismo rector de los derechos humanos es que una serie de omisiones por parte de los servidores públicos provocaron el deceso de García Romero durante la madrugada del dos de noviembre del 2007, puesto que se le brindó una tardía atención a pesar de que durante mucho tiempo pidió ayuda mientras estuvo recluido en una celda de la Policía Estatal Investigadora (PEI).

A lo anterior se sumó el hecho de que García Romero padecía hemofilia, pero ni ello fue motivo para que se le tuviera mayor cuidado durante su estancia en prisión. Así, mientras Sergio sufría retorcijones y suplicaba su medicamento, los policías afirmaban que simplemente se trataba de “la cruda”. Con todo ello, el traslado a un hospital fue tardío.

LAS OMISIONES

De acuerdo con la investigación realizada por la CEDH, todo inició al anochecer del 31 de octubre del 2007 cuando la esposa de Sergio, Yesenia López Martínez, por teléfono pidió ayuda a la policía puesto que su pareja la estaba molestando, influenciado por bebidas alcohólicas.

Rato después, en efecto, policías estatales asignados al Centro de Justicia Familiar (CJF) detuvieron a Sergio a las puertas de su domicilio en el fraccionamiento Jacarandas de esta ciudad.

Yesenia relató que al observar el exceso de fuerza utilizado por los agentes, les advirtió que su esposo padecía hemofilia. Al arribar al CJF, continuó diciendo, señaló que ella no quiso denunciar a su esposo y únicamente pedía que se platicara con él para calmarlo.

A pesar de ello, refiere la CEDH, el entonces empleado del Juzgado Mixto de Xalisco fue llevado a una celda de la Policía Estatal sin que hubiera denuncia de por medio.

A partir de entonces, la suerte de Sergio quedó echada en su contra. Por ejemplo, su esposa, creyendo que sería dejado en libertad al día siguiente, se trasladó la mañana del uno de noviembre a su pueblo natal en Santiago Ixcuintla para pasar allá los días de muertos.

En la historia reconstruida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resalta el testimonio de una persona que también estaba detenida y que se dio cuenta del desinterés que tuvieron los policías para atender a García Romero.

Recordó por ejemplo que entre las tres y seis de la mañana del uno de noviembre, Sergio se quejó mucho y pedía una pastilla para calmar el dolor de cabeza. Por ratos se dormía. El testigo agregó que alrededor de las 10 de la mañana, Sergio empezó a agitarse, a retorcerse en el suelo y ello fue visto varias veces por los agentes de guardia, a uno de los cuales escuchó decir que era “la cruda” que ya le iba pasando.

Tuvieron que transcurrir más horas para que finalmente, al mediodía, cuando García ya estaba prácticamente inconsciente, se decidiera su traslado a la Cruz Roja, de donde fue canalizado al Hospital General. Ahí se decretó su muerte en los primeros minutos del dos de noviembre.

DESCARTA TORTURA

La historia de omisiones documentada por la CEDH incluye a un perito legista de la Procuraduría General de Justicia que se entrevistó con Sergio cuando fue ingresado a prisión. En una declaración rendida sobre el caso, el médico Jamelt Facio reconoció que García le dijo que padecía hemofilia pero no lo asentó en un reporte “por no considerarlo necesario”, según comentó.

A pesar de la advertencia sobre la enfermedad del ahora occiso, el legista no tomó precaución alguna, como el de mantener una vigilancia especial sobre el comportamiento de García Romero.

Así, fueron desencadenándose uno tras otro hechos que condujeron a la muerte del nativo de Sentispac.

Y es que no se explica cómo los agentes de la policía de dos turnos diferentes no tomaron una pronta decisión para trasladar a García a un nosocomio, ante las evidentes muestras de emergencia mostradas.

En la recomendación número 26/2008, la Comisión Estatal de Derechos Humanos arribó a la conclusión de que, por principio de cuentas, Sergio García Romero jamás debió ser ingresado a la celda de la Policía Estatal puesto que no fue presentada denuncia en su contra y dado que su esposa sólo quería que se platicara con él para tranquilizarlo.

La CEDH relata también la serie de omisiones ocurridas mientras García estuvo en prisión, principalmente para brindarle una pronta atención médica.

Por lo tanto, recomendó al procurador Béjar Fonseca que se inicie un procedimiento administrativo contra los policías estatales que participaron en la detención de Sergio García Romero y contra otros cuatro, responsables de las celdas en dos turnos distintos mientras estuvo preso, para determinar la responsabilidad que tuvieron por la omisión de brindar ayuda al detenido.

También solicitó que se continúe con la investigación dentro de la averiguación previa TEP/I/EXP/5921/2007 para determinar si la conducta de los policías provocó el deceso del trabajador del Poder Judicial, integrante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM).

De acuerdo con la recomendación emitida por derechos humanos, la indagatoria debe incluir al médico legista que tuvo contacto con García Romero.

También se recomendó que se realice la reparación del daño a favor de los deudos del occiso.

La investigación insiste en las omisiones de uno y otro empleado de seguridad, pero deja en claro que no se produjeron actos de tortura como en un principio llegó a sospecharse.

La recomendación está firmada por Óscar Humberto Herrera López, presidente de la CEDH.

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